Crisis política entre los gobiernos de Catalunya y España por las finanzas
El Ejecutivo español pretende imponer un recorte superior al 20% y aplazar sus compromisos
Article Jordi Barbeta a La Vanguardia d'avui, 31/03/2011
Una crisis política sin precedentes entre los gobiernos de Catalunya y de España ha estallado como consecuencia de las pretensiones del Ejecutivo español de imponer a Catalunya una reducción drástica del déficit superior al 20% de su presupuesto, el doble del sacrificio que se mostraba dispuesto a hacer el Govern de la Generalitat.
El Ministerio de Hacienda ha rechazado por escrito el plan de viabilidad que le presentó el president de la Generalitat, Artur Mas, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que preveía una reducción del 10% en el presupuesto. No sólo eso, también ha comunicado que no va a pagar ahora lo que le corresponde a la Generalitat por el fondo de competitividad previsto en el Estatut, lo que le adeuda por los incrementos de gasto generados por decisiones políticas adoptadas por el propio Gobierno español, ni otros recursos en fase de negociación. Por ejemplo, el traspaso de la titularidad de los edificios de los hospitales de la Generalitat. En las últimas décadas, han sido gestionados a costa de la institución catalana, incluidas todas las reformas. La pretensión de la Hacienda española es que la Generalitat reduzca su presupuesto más del 20%. En total, 5.800 millones, una cifra descomunal que supondría reducir más de la mitad el presupuesto del Departament de Salut o renunciar al presupuesto entero de obras públicas.
El Govern de la Generalitat ha respondido rechazando de plano la pretensión del ministerio y desafiando al Gobierno. La gravedad de la crisis la puso ayer de manifiesto el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, un hombre caracterizado por su prudencia y por su obsesión por evitar el conflicto político, quien declaró ayer a RAC1 que el ajuste que le propone Madrid “es totalmente inviable”. “No creo que el Ministerio de Hacienda sea serio con este requerimiento –le dijo al periodista Jordi Basté– y por tanto he de concluir que nos están invitando a maquillar los números”.
Mas-Colell, un economista de reputación internacional, no parece muy dispuesto a poner su prestigio en tela de juicio, y ayer fue determinante: “Jamás adornaremos los números. Intentaremos cumplir nuestros objetivos de déficit, y si no lo logramos asumiremos las consecuencias, pero que quede claro y que lo escuche todo el mundo: nosotros no vamos a maquillar las cifras”.
La crisis entre los gobiernos de Catalunya y España ha trascendido a la prensa internacional antes que a la española. La crisis financiera portuguesa también afecta a España. La primera reacción fue positiva. Buena parte de la deuda de Portugal está contraída con bancos españoles. El rescate europeo serviría para pagar deudas. Sin embargo, las agencias de calificación están adoptando una actitud muy agresiva.
La obsesión del Gobierno español es cumplir como sea con los objetivos de déficits comprometidos con la Unión Europea. Obviamente, todo lo que tengan que recortar las comunidades autónomas y los ayuntamientos es desgaste político que se ahorra el Gobierno central.
En la Generalitat se sospecha que el Ejecutivo español se conformaría con una declaración de intenciones y un presupuesto ficticio que permitiera ganar tiempo, los meses suficientes para agotar la legislatura española. Observan como significativo que la cifra de déficit de 2010 aceptada respecto a Andalucía sea curiosamente del 2,99%.
“Quizá están convencidos de que dentro de un año ellos ya no estarán en el Gobierno y ya se apañará el que venga”, señaló a La Vanguardia un alto cargo del Govern. La filosofía del Ejecutivo catalán es ahora la siguiente: “Este Govern no va a poder ganarse las simpatías de la gente derrochando dinero, así que hemos de salvaguardar el único valor que nos queda, que es la credibilidad”.
Las espadas están alto y nadie sabe cómo se sale de este callejón sin salida. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas están en campaña electoral y hoy por hoy están ocultando sus problemas financieros. Tras los comicios de mayo podría ocurrir que el Gobierno socialista sufriera por un lado el castigo electoral que vaticinan todas las encuestas y que al mismo tiempo aflorara la situación real de las finanzas españolas. Sin ir más lejos, en Valencia, ya se ha visto amenazado el suministro a los hospitales.
La situación, además de grave, está resultando políticamente muy paradójica. El PSC ha denunciado la “deriva antisocial” del Govern de CiU por el recorte del 10%, pero ayer un diputado del Congreso, Francesc Vallès, y una diputada del Parlament, Rocío Martínez-Sampere, salieron al unísono en defensa del hachazo propuesto por el ministerio: “Lo que se exige por parte del Gobierno español es el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,3%, pero cómo se consigue este objetivo es responsabilidad del Govern de Catalunya”.
La actitud de los socialistas irritó considerablemente en la Generalitat, sobre todo porque “buena parte de los esfuerzos que hay que emprender ahora se deben a que el tripartito dejó un déficit sólo en el 2010 de 7.500 millones de euros”, señaló un portavoz
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